La nueva pandemia

Fernando Barros

Se cumplen 37 años del quiebre político y social en Chile, donde los fanatismos ideológicos que promovían el odio entre hermanos, pueblos y naciones en la guerra fría junto a la incapacidad de diálogo de las fuerzas locales llevaron a la gran mayoría de la población, a la Corte Suprema y a la Cámara de Diputados a requerir la intervención de las FFAA, las que el 11 de septiembre de 1973 se pronuncian, deponen al gobierno marxista de la Unidad Popular y asumen el mando superior de nuestro país.

Hay visiones distintas sobre el origen y desempeño del régimen militar, la temática de las estrategias utilizadas para combatir las fuerzas del extremismo y las transgresiones a los derechos humanos incurridas por uno y otro bando en la guerra sucia que vivió nuestro país.

Anticipando el gran cambio que tomaría el mundo después, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, nuestro país inició un camino de transformación social, económica y política que comenzó con la Constitución Política de 1980, la renuncia al enorme poder del aparato estatal que asfixiaba la iniciativa privada y el desarrollo de una economía social de mercado basada en la libre iniciativa que significó que Chile tuviera el mayor desarrollo humano y económico de su historia, reduciendo la pobreza del 50% al 8%, niveles de educación universitaria inéditos, infraestructura de primer mundo, liberalización del comercio y apertura al mundo, protección judicial de los derechos fundamentales y promoción del emprendimiento, colocándonos al borde de alcanzar el nivel de país desarrollado.

Después de décadas exitosas viene un fracasado intento de reeditar socialismos obsoletos en Bachelet II, que afectaron gravemente el desarrollo social, las expectativas y el sentido de responsabilidad, llegamos a vivir en octubre pasado una violencia destructiva desconocida y su posterior confusión con manifestaciones pacíficas que, muchas veces, lo fueron en connivencia con las violentas, así como también el oportunismo de dirigencias políticas, que llevaron a entregar nuestra Constitución como ofrenda de sacrificio o chivo expiatorio, a puertas cerradas, en una noche en que la violencia arrasaba el país, a pesar de que sólo estaba en lugares muy secundarios de las inquietudes nacionales.

Como parte de esa ilegítima iniciativa nacida de la coerción violenta, y en crisis sanitaria, en unas semanas el país será llevado a un plebiscito que, para algunos, será la oportunidad de mostrar el apruebo como la expresión ciudadana de desprecio a toda la obra del gobierno cívico militar. Otros creen que, cual conejo que sale de un sombrero, una nueva Constitución solucionará todos los problemas, nos regalará un nuevo Chile, equilibrado y lleno de derechos y bienestar garantizados, tendremos mucha asistencia estatal y se hará la paz. Por último, otros creen que no importa botar a la basura la mejor y más moderna y completa carta fundamental que ha tenido Chile y que resulta indiferente para nuestro futuro el que aprobemos un proceso constituyente abierto a ser refundacional o reformista sin límites y partiendo de cero o en blanco y renegando de siglos de trayectoria institucional.

Para superar el retroceso en el desarrollo y bienestar de los más necesitados derivado de la pandemia social y de la pandemia sanitaria, no podemos dar un salto al vacío y caer ahora en una pandemia institucional aprobando un apagón constitucional que traerá más sufrimiento y postergación a quienes hoy ven truncados sus sueños de desarrollo.